Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo, 11 de los cuales pueden imponer o imponen la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con este tipo de leyes. Los expertos afirman que incluso allí donde las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.
En Estados Unidos, más de una docena de estados siguen teniendo en vigor leyes contra la sodomía, a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 las declaró inconstitucionales.
Los defensores de los derechos de los homosexuales afirman que las anticuadas leyes se utilizan para acosar a los homosexuales y señalan las nuevas legislaciones, como la ley «No digas gay» de Florida, que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infancia hasta el tercer grado, como prueba de los continuos esfuerzos por marginar a las personas LGBTQ.
Las Naciones Unidas han pedido en repetidas ocasiones que se ponga fin a las leyes que penalizan la homosexualidad sin más, afirmando que violan los derechos a la intimidad y a no sufrir discriminación y que constituyen un incumplimiento de las obligaciones de los países en virtud del derecho internacional de proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Declarando tales leyes «injustas», Francisco dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. «Debe hacerlo. Debe hacerlo», afirmó.